Ese indicador es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que constituye un promedio de todos los precios, y que al variar permite conocer la presencia de desequilibrios entre la oferta y la demanda. Por ello, se convierte en el gran “termómetro” de la economía de un país, y en la señal de alarma que lleva a los gobiernos a tomar medidas correctivas, la principal de las cuales es, indudablemente, la reducción del gasto público, fuente primigenia del fenómeno inflacionario.
La subida generalizada de los precios, es decir la subida del IPC, se conoce como inflación y la baja generalizada como deflación, siendo mucho más común la primera.
En nuestro país, el indicador tradicional para medir dichas variaciones ha sido y lo sigue siendo el denominado Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPCL), al cual hace algunos años se le ha sumado el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional (IPCN), que por tener una estructura algo diferente muestra resultados también algo diferentes. Ambos han sido elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que mensualmente informa acerca de su evolución.
Los Grandes Grupos de Consumo
EL IPCL está dividido en ocho grandes grupos de consumo, cada uno de los cuales tiene una ponderación (peso relativo) distinto.
El Grupo Alimentos y Bebidas tiene la ponderación más alta, reflejando que un porcentaje muy importante de los ingresos de los limeños (37.818%) es utilizado para la compra de este tipo de bienes.
Debido a ello, la variación de precios de este grupo afecta el costo de la canasta de consumo muchísimo más que la de cualquier otro. Tal situación es visible en todos los meses del año, especialmente los de verano, cuando las lluvias en la sierra del país generan deslizamientos y otros problemas que obstaculizan las carreteras y perturban el abastecimiento de las grandes ciudades, llevando a incrementos de los precios de los alimentos, y con ello a una sustancial elevación de la inflación.
La estructura actual de la canasta familiar refleja el grado de dificultades económicas que aún afronta gran parte de la población, que debe dedicar un apreciable 37.818% de lo que percibe como ingresos a la subsistencia, es decir, a la compra de alimentos, restándole poco para afrontar otros gastos importantes, como los de vestido, educación y salud, o para recreación y otros placeres. Ello contrasta grandemente con lo que se observa en los países desarrollados, donde estos gastos vitales representan porcentajes muy inferiores, permitiendo que gran parte del ingreso se destine a otros bienes y servicios que implican mayores grados de disfrute y bienestar.
Sin embargo, lo señalado para nuestro país también refleja una sustancial mejora frente a mediciones anteriores, pues la mencionada ponderación del grupo Alimentos y Bebidas resulta claramente inferior a las de 1994 (58.05%) y 1990 (61.70%).