¿Qué son las Sucursales?

Para operar mejor, las empresas y demás entidades societarias se valen de sucursales, a través de las cuales pueden extender el alcance de sus actividades y llegar más fluida y eficientemente a sus clientes.

En el Perú, según la Ley General de Sociedades (Ley 26887), una sucursal es todo establecimiento secundario a través del cual una sociedad desarrolla, en lugar distinto a su domicilio, determinadas actividades comprendidas dentro de su objeto social.

Como tal, carece de personería jurídica independiente de su principal o matriz, pues es ésta la que responde por las obligaciones de la sucursal. Por lo demás, está dotada de representación legal permanente y goza de autonomía de gestión, pero en en el ámbito de las actividades que la principal le asigna, conforme a los poderes que otorga a sus representantes.

Son ejemplos de sucursales las numerosas agencias de las redes bancarias. También las oficinas o agencias de la administración tributaria, del seguro social, de las empresas de electricidad, agua, teléfonos, gas, etc.

La sucursal no es lo mismo que la filial. Si bien esta última se crea con aporte de capital por parte de una matriz (que posee la mayoría de acciones y por tanto ejerce el control), sí tiene personería jurídica propia y desarrolla una gestión independiente, con una organización y responsabilidades también independientes.

Fotos: Grupo Soler, SUNAT e Inprogen Construcciones

Cobro de Intereses y Tasas a Aplicar (Perú)

En el Perú existen las siguientes prescripciones en cuanto al cobro de tasas de interés en las operaciones al margen del sistema financiero (es decir aquéllas que efectúan entre ellas las personas y empresas):

• Hay libertad para fijar la tasa, siempre que ésta no sobrepase la tasa máxima convencional compensatoria, que equivale a la tasa de interés promedio del sistema financiero para créditos a la microempresa, la cual se calcula una vez al mes. Para setiembre del 2016 la tasa es de 42.10% en moneda nacional y de 14.35% en moneda extranjera.

• Si no se fijó una tasa, se deberá cobrar la tasa legal, equivalente a la Tasa de Interés Promedio en Moneda Nacional (TIPMN) si la deuda es en soles, y a la Tasa de Interés Promedio en Moneda Extranjera (TIPMEX) si la deuda es en moneda extranjera. Al 21 de setiembre del 2016, la primera es de 2.67% y la segunda de 0.32%.
• El interés moratorio (en las situaciones que no se honró la deuda en el plazo establecido) se aplica sólo cuando fue pactado con antelación y únicamente sobre la deuda no pagada y vencida. Dicho pago se hace de forma adicional a la tasa de interés convencional compensatoria o, de ser el caso, a la tasa de interés legal. La tasa máxima moratoria en moneda nacional equivale al 15% de la tasa promedio del sistema financiero para créditos a la microempresa, y la de moneda extranjera al 20%. Dado que a la fecha las tasas de dichos créditos son de 42.10% en moneda nacional y 14.35% en moneda extranjera, la tasa máxima moratoria en moneda nacional es de 42.10 x 0.15 = 6.315%, y la de moneda extranjera de 14.35 x 0.20 = 2.87%.

Imagen: Fotolia.com

¿En el Perú, qué son las tasas de interés TAMN, TAMEX, TIPMN y TIPMEX?

Comenzaremos recordando que todas ellas son tasas promedio de mercado, y que tasa activa es la que se cobra por los créditos y tasa pasiva la que se paga por los depósitos.

Teniendo eso en cuenta, las definiciones son las siguientes:

• La TAMN es la tasa de interés activa promedio en moneda nacional
• La TAMEX es la tasa de interés activa promedio en moneda extranjera
• La TIPMN es la tasa de interés pasiva promedio en moneda nacional y
• La TIPMEX es la tasa de interés pasiva promedio en moneda extranjera

Todas ellas son calculadas diariamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) con base en las diversas operaciones efectuadas por los principales bancos.

Por ser tasas promedio, la TAMN y la TAMEX constituyen una importante referencia acerca del costo del crédito en el país, razón por la cual son empleadas asiduamente en las operaciones al margen del sistema financiero que efectúan los agentes económicos.

La TIPMN y la TIPMEX, por su parte, se emplean como equivalentes de las tasas de interés legal establecidas por el Código Civil. La Tasa de Interés Legal es la que procede cuando se debe pagar intereses sin haberse acordado previamente la tasa correspondiente. Así, la TIPM equivale a las tasas de interés legal y laboral en moneda nacional y la TIPMEX a las tasas de interés legal y laboral en moneda extranjera.

¿Qué es un Organigrama?

El organigrama es un gráfico o diagrama que muestra la forma en que está organizada una empresa o cualquier otra entidad en la que participa un número significativo de personas.

Su importancia y utilidad radican en que permite visualizar las jerarquías existentes en la organización, dejando ver quién es la autoridad máxima, cuáles son los niveles que le siguen en cuanto a capacidad decisoria y cuáles las relaciones o niveles de coordinación, cooperación o subordinación establecidos entre ellos.

También permite ver cuáles se hallan en el mismo nivel o línea jerárquica (y por lo tanto realizan un trabajo no subordinado, sino complementario), y cuáles llevan a cabo una labor de apoyo.

El organigrama aquí presentado, por ejemplo, nos muestra la estructura orgánica de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) del Perú.

Allí se puede ver que la Superintendencia Nacional, su órgano máximo, es dirigida por un consejo directivo encabezado por el superintendente. Paralelamente, es controlada por un órgano de control institucional y la procuraduría pública. Como elementos de apoyo cuenta con una secretaría institucional, un gabinete de asesores, una oficina de fortalecimiento ético y lucha contra la corrupción, una oficina de defensoría del contribuyente y usuario aduanero, un instituto aduanero tributario y una oficina nacional de planeamiento.

El diagrama también nos permite ver que dicha instancia máxima tiene a su cargo las cuatro superintendencias nacionales adjuntas de la institución: de Desarrollo Estratégico, Operativa, de Aduanas, y de Administración y Finanzas. Y cada una de éstas tiene a su vez a su cargo diversas intendencias desarrollando las específicas labores que les corresponden.

El Estudio de Impacto Ambiental

En un contexto en el que las preocupaciones por el cambio climático y la ecología se han incrementado y cobrado gran relevancia, los estudios de impacto ambiental (EIA) se han constituido en elementos vitales en la formulación de los proyectos de inversión.

En el Perú, la Ley General del Ambiente (Ley 28611), promulgada en octubre del año 2005, los define como:

"Instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluir un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos que deban contener."

En este link se puede ver, a modo de ejemplo, el Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental desarrollado en 1998 por la Empresa Minera Antamina previo a su puesta en operación de la mina de cobre del mismo nombre, la más grande del país. La página inicial de dicho documento es la presentada aquí, al lado izquierdo.

Allí, en ese breve resumen, se habla acerca del marco legal en el cual se inscribe el proyecto, los derechos mineros, de superficie y de servidumbre que le corresponden, y las condiciones actuales (socioeconómicas, culturales, físicas y biológicas) imperantes en la zona. También se contempla los aspectos referidos a la mano de obra y el cronograma de empleo, la consideración de alternativas (para el depósito de relaves, la ubicación del puerto, el medio de transporte a emplear para el mineral, las rutas a trazar, el modo de procesamiento del mineral, etc), probables reubicaciones, etc. Asimismo se trata acerca del suministro de energía, de los combustibles y sustancias químicas a emplear, de la disposición de los desechos, de las emisiones, del plan de cierre, etc.

Esa enumeración de los diversos aspectos del proyecto tiene por objeto determinar los efectos sobre el área en la cual se asienta y sobre la población del lugar, y auscultar si habrá beneficios para ésta.

Obviamente, los estudios completos son muchísimo más extensos, y pueden contener cientos o miles de páginas con todo tipo de detalles acerca del proyecto a ejecutar, sus efectos ambientales y las medidas previstas para evitarlos o mitigarlos.

¿Qué son las Prácticas de Buen Gobierno Corporativo?

Las prácticas del buen gobierno corporativo son aquéllas que llevan a cabo las empresas y otras entidades con el fin de mejorar su forma de trabajo y su manejo, lo que repercute favorablemente en su imagen y valor. Dichas prácticas incluyen, por ejemplo, incrementar la transparencia de sus operaciones y hacer más armónicas las relaciones con sus accionistas e inversionistas.

Según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) del Perú, son aquéllas que promueven el respeto a los derechos de los accionistas y de los inversionistas en general; contribuyen a generar valor, solidez y eficiencia en las sociedades; traen consigo una mejor administración de los riesgos a los cuales se encuentran expuestas; facilitan el acceso al mercado de capitales; inciden en la reducción del costo de capital, y facilitan un mayor y mejor acceso a fuentes de financiamiento y de inversión a largo plazo.

Alicorp, principal empresa productora de alimentos y bienes de consumo masivo en nuestro país, sigue estos principios.

El “Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas” promovido por la SMV y actualmente vigente toma en cuenta para tal efecto cinco pilares (desagregados en 31 principios que explicaremos más detalladamente en una próxima entrega):

•    Derechos de los accionistas
•    Junta General de Accionistas
•    El Directorio y la Alta Gerencia
•    Riesgos y cumplimiento
•    Transparencia de la Información

Las empresas no están obligadas a observar los principios de este código, pero les resulta ventajoso hacerlo, pues les permite ser consideradas en el selecto grupo de las más transparentes y de mejor manejo. La validación de que efectivamente observan los pilares y principios está a cargo de empresas especializadas.

¿Qué es una Central de Riesgos?

En el sistema financiero, como en todos los otros ámbitos del sistema económico, se requiere tener a la mano información que facilite a los agentes económicos la toma de decisiones.

Tratándose de un rubro en el que los recursos se movilizan y transfieren a través de créditos, es vital tener información al respecto. Esta es proporcionada por las centrales de riesgo.

En el Perú, la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero, define a estas entidades como "sistemas integrados de registro de riesgos financieros, crediticios, comerciales y de seguros, que cuentan con información consolidada y clasificada sobre los deudores de las empresas".

Allí se registra los riesgos por endeudamientos financieros y crediticios en el país y en el exterior, los riesgos comerciales en el país, los riesgos vinculados con el seguro de crédito y otros riesgos de seguro, dentro de los límites que determine la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Además, se puede registrar todo encargo fiduciario que comporte la transferencia de bienes (con la indicación de estos últimos) y cualquier otro tipo de endeudamiento que genere riesgos crediticios adicionales para cualquier acreedor.

Dicha ley establece que la SBS tenga a su cargo una central de riesgo. Ésta emite reportes que contienen la relación de créditos directos e indirectos contratados con las empresas del sistema financiero, incluyendo la calificación que cada entidad otorga al usuario según los criterios previstos normativamente, entre los cuales resulta fundamental la morosidad en el pago.

Las empresas de los sistemas financiero y de seguros deben suministrar, periódica y oportunamente, la información que se requiere para mantener actualizado el registro.

La información de la central de riesgo de la SBS se halla a disposición de las empresas del sistema financiero y de seguros, del Banco Central, de las empresas comerciales y de cualquier interesado en general, previo pago de las tarifas establecidas por la entidad.

Las consultas efectuadas por las personas naturales acerca de su propia situación crediticia no tienen costo alguno, y se pueden llevar a cabo por internet, con sólo consignar los datos del documento nacional de identidad (DNI).

El reporte contiene información de los créditos contratados, información de la deuda (incluyendo la calificación crediticia, que es asignada por la entidad financiera con la cual se contrató el crédito) y detalles de ésta (entidades, calificación, capital, intereses, comisiones y deuda total).

La norma también autoriza la libre constitución y operación de centrales de riesgo privadas. Entre las principales figuran Infocorp-Equifax, Sentinel, Del Risco Reports, Credit Report, Xchange Perú, Informa del Perú, Inforiesgo, Certicom y Capital Tool Company Latin America.

Reorganización de Sociedades: Transformación, Fusión y Escisión

A lo largo de su vida, y de acuerdo a sus intereses y conveniencias, las sociedades pueden llevar a cabo diversas formas de reorganización.

En el Perú, la Ley General de Sociedades (Ley 26887, de diciembre de 1997) señala estas tres principales:

1. Transformación. Es el proceso mediante el cual las sociedades se transforman en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada en las leyes del país. No implica cambio de la personalidad jurídica.

2. Fusión. Es el proceso por el cual dos a más sociedades se reúnen para formar una sola, cumpliendo los requisitos señalados por la referida ley. Puede adoptar alguna de las siguientes formas:

• Fusión. Ocurre cuando dos o más sociedades se unen para constituir una nueva sociedad incorporante. Se extingue la personalidad jurídica de las sociedades incorporadas, cuyos patrimonios se transmiten en bloque, y a título universal, a la nueva sociedad.
• Absorción. Ocurre cuando una o más sociedades son absorbidas por otra sociedad. Se extingue la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas, cuyos patrimonios son asumidos, a título universal y en bloque, por la sociedad absorbente.

En ambos casos los socios o accionistas de las sociedades que se extinguen reciben acciones o participaciones como accionistas o socios de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente, en su caso.

3. Escisión. Es el proceso por el cual una sociedad fracciona su patrimonio en dos o más bloques para transferirlos íntegramente a otras sociedades o para conservar uno de ellos, cumpliendo los requisitos y las formalidades prescritas por la referida ley. Puede adoptar alguna de las siguientes formas:

• División. La totalidad del patrimonio de una sociedad se divide en dos o más bloques patrimoniales, que son transferidos a nuevas sociedades o absorbidos por sociedades ya existentes o ambas cosas a la vez. Se extingue la sociedad escindida.
• Segregación. Uno o más bloques patrimoniales de una sociedad que no se extingue se segregan y son transferidos a una o más sociedades nuevas, o absorbidos por sociedades existentes o ambas cosas a la vez. La sociedad escindida ajusta su capital en el monto correspondiente.

En ambos casos los socios o accionistas de las sociedades escindidas reciben acciones o participaciones como accionistas o socios de las nuevas sociedades o sociedades absorbentes, en su caso.

La ley también reconoce otras formas de reorganización, que en realidad constituyen variantes de las mencionadas.

Estas son las escisiones múltiples (en las que intervienen dos o más sociedades escindidas), las escisiones múltiples combinadas (en las cuales los bloques patrimoniales de las distintas sociedades escindidas son recibidos, en forma combinada, por diferentes sociedades, beneficiarias y por las propias escindidas), las escisiones combinadas con fusiones (entre las mismas sociedades participantes), las escisiones y fusiones combinadas (entre múltiples sociedades) y cualquier otra operación en que se combinen transformaciones, fusiones o escisiones.

Qué es el Aforo y quién lo Lleva a Cabo

Según el diccionario de la Real Academia Española, aforar es determinar la cantidad y valor de los géneros o mercancías que haya en algún lugar, generalmente a fin de establecer el pago de derechos.

Siguiendo esta definición, y ya en el campo del comercio exterior, la Ley General de Aduanas del Perú, dada por Decreto Legislativo 1053 (de junio del año 2008), señala al aforo como la verificación de la naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, y clasificación arancelaria de las mercancías, para la correcta determinación de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables así como los recargos de corresponder, mediante el reconocimiento físico y/o la revisión documentaria.

El video adjunto nos brinda un ilustrativo ejemplo al respecto:



La facultad para llevar a cabo dicha verificación corresponde a la administración aduanera, que en el Perú es el órgano competente de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para aplicar la legislación aduanera, recaudar los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo, así como los recargos de corresponder, aplicar otras leyes y reglamentos relativos a los regímenes aduaneros, y ejercer la potestad aduanera.

¿Qué es el Drawback?

Es un régimen aduanero aplicable en el comercio exterior, concretamente en el negocio de exportación.

En el Perú, el artículo 82 de la Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo 1053) lo define como el:

“Régimen aduanero que permite, como consecuencia de la exportación de mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios, que hayan gravado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidas durante su producción”.

Se autoriza dicha devolución porque el costo de producción del bien exportado se vio incrementado por los aranceles de importación de los insumos que incorporó o consumió en su proceso de producción. Permitiendo la restitución se evita la exportación de impuestos y se mejora la competitividad del exportador.

Por su parte, el Reglamento de la Ley, dado mediante Decreto Supremo 010-2009-EF, señala a sus beneficiarios:

Artículo 104º.- Podrán ser beneficiarios del régimen de drawback, las empresas exportadoras que importen o hayan importado a través de terceros, las mercancías incorporadas o consumidas en la producción del bien exportado, así como las mercancías elaboradas con insumos o materias primas importados adquiridos de proveedores locales, conforme a las disposiciones específicas que se dicten sobre la materia.

Precio Básico, Precio del Productor, Precio al Por Mayor y Precio al Consumidor

En toda economía, existen cuatro niveles principales de precios, que se van conformando a medida que tiene lugar el proceso de producción y comercialización de los bienes. De acuerdo a las definiciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú, estos son:

Precio de producción o valor básico
Es el que cubre los costos de producción (insumos, remuneraciones, consumo de capital fijo, etc) y la utilidad del productor. Es el precio que éste considera adecuado por el cambio de propiedad o la prestación del servicio. También se le conoce como precio "a costo de factores".

Precio del productor
Es el que registra el bien al salir del centro de producción. Incluye el valor del producto a costo de factores y los impuestos.

Precio mayorista o al por mayor
Es el que registra el bien en el ámbito mayorista, cuando es comercializado en grandes volúmenes, para ser trasladado a los mercados finales. Incluye el precio del productor, los costos del proceso de comercialización (transporte, seguros, etc), el margen comercial del mayorista y otros gastos generales.

Precio al consumidor o al por menor
Es el que registra el bien al llegar al consumidor final, considerando los costos incurridos en la producción y comercialización. La variación promedio del índice de precios al consumidor en un determinado período es empleado como medida de la inflación que registra un país.